Una joven es condenada a 50 años de carcel tras tener un parto en su casa y ser procesada por aborto en El Salvador
San Salvador — Un juzgado de El Salvador impuso una condena de 50 años de prision a una joven que tuvo un parto en su casa y que inicialmente fue procesada por aborto y condenada por homicidio agravado.
Esta es la primera vez que se aplica la pena maxima desde que se penalizo de manera absoluta el aborto en el pais.
La Agrupacion Ciudadana por la Despenalizacion del Aborto rechazo la decision judicial y anuncio hoy, lunes, que apelara el fallo dictado el pasado 29 de junio por un juzgado de San Miguel, a unas 84 millas al este de la capital.
“El Estado salvadoreño una vez mas continua ensañandose con mujeres que no han tenido derecho ni condiciones para defenderse”, dijo en un comunicado de prensa Morena Herrera, quien dirige el colectivo que defiende los derechos de las mujeres en El Salvador.
La legislacion salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapeutico, y castiga tanto a las mujeres como a los medicos que los practiquen.
De ser encontradas culpables, las penas varian de dos a ocho años. No obstante, en muchos casos el delito cambia a homicidio agravado por el parentesco de la victima y las mujeres pueden llegar a ser condenadas de 30 a 50 años de prision.
El Ministerio Publico informo que la condena de Lesly Lisbeth Ramirez se baso en las pruebas presentadas en el juicio por los fiscales del caso y el dictamen forense que determino como causa del fallecimiento de la bebe “degüello por herida tipo contuso-cortante producido con arma blanca”.
De acuerdo con la investigacion de la Fiscalia, la joven, quien residia en una zona rural del oriente del pais, “oculto su embarazo a los familiares y tuvo un parto extrahospitalario en el que dio a luz a una niña que nacio con vida y que, a traves del reconocimiento forense, se estimo que tenia entre las 37 y 40 semanas de gestacion”.
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El Estado salvadoreño una vez mas continua ensañandose con mujeres que no han tenido derecho ni condiciones para defenderse.
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Sin embargo, el colectivo feminista sostiene que la joven —que en ese momento tenia 19 años, un nivel de educacion escolar bajo y sin educacion sexual integral— “desconocia lo que estaba sucediendo en su cuerpo y el 17 de junio de 2020, a las 9:30 de la noche, tuvo una emergencia obstetrica en su casa, sintio deseo de defecar y sin saberlo comenzaba el trabajo de parto”.
La joven fue al baño y tuvo un parto precipitado. Segun el colectivo, que reproduce una cita de la joven, ella “sentia que algo salia, estaba oscuro y no lograba ver lo que expulsaba”. Añaden que se asusto y entro en panico, “todo era confuso, ya que era primeriza”.
Los familiares llamaron a emergencias de la policia para que la trasladaran a un hospital, donde fue detenida y acusada inicialmente de aborto.
Ramirez es la tercera de siete hermanos de una familia que vive en situacion de pobreza extrema que no tiene acceso a agua potable ni electricidad y subsiste con el trabajo agricola. Solo curso hasta el septimo grado y asumio las tareas del hogar y el cuidado de sus cuatro hermanos menores de edad.
Alegan proceso judicial “lleno de irregularidades”
El colectivo asegura que el proceso juridico contra la joven estuvo lleno de irregularidades y prejuicios, y que el juez no admitio la incorporacion de pruebas que demostraban su inocencia.
Tampoco “valoro el peritaje social de Medicina Legal que evidencia la violencia de genero a la que Lesly habia sido sometida, ni el peritaje psicologico que sugeria la realizacion de un estudio psiquiatrico”.
Herrera dijo a la AP que esta sentencia es contraria al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso “Manuela vs. El Salvador”.
En noviembre de 2020, la CIDH declaro responsable al Estado salvadoreño de violar los derechos de una mujer identificada como “Manuela”, que fue detenida en 2008 y luego de ser condenada a 30 años murio en la carcel, dejando huerfanos a sus dos hijos.
El colectivo afirma que a “Manuela” se le nego atencion medica mientras estaba detenida y la CIDH condeno al Estado salvadoreño por el caso y le exigio no perseguir ni criminalizar a las mujeres que enfrentan emergencias obstetricas.
Desde diciembre de 2021, el gobierno salvadoreño ha conmutado la condena a nueve mujeres que sufrieron emergencias obstetricas y que fueron procesadas por aborto.
El Salvador es uno de los cuatro paises de America Latina que prohiben el aborto sin excepciones junto a Nicaragua, Honduras y Republica Dominicana.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado salvadoreño derogar la ley que prohibe la interrupcion del embarazo, pero no se ha tenido resultado.
